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Es necesario tener en cuenta el contexto socio-político para una mejor comprensión de la historia del que fue Asilo de Dementes.

Los resultados de la investigación de los autores se presentan estructurados en dos bloques:

  • El contexto histórico.

  • La institución: Del Asilo de Dementes al Manicomio de Valencia

Contexto histórico-social de la sociedad española y valenciana en el siglo XIX.

Sobre una sociedad convulsionada y agitada por la crisis, los motines y los alborotos de finales del siglo XVIII y primeros años del siglo XIX enlazaron con los acontecimientos de mayo-junio de 1.808.

En España la época 1.808 a 1.843 fue la de la revolución burguesa. El bloque antifeudal, surgido de la crisis de las últimas décadas de siglo, del siglo XVIII, fue impulsor inicial de esta revolución porque el despliegue contra el antiguo régimen consolidó intereses, generó otros nuevos y recondujo estrategias y programas. Las transformaciones agrarias, impulsadas por la ruptura del marco foralista después de la Guerra de Sucesión, aceleradas en un contexto general de crecimiento económico, habían generado un proceso de empobrecimiento de amplios sectores campesinos, de un artesanado en crisis y el surgimiento de movimientos populares, fueron la expresión de un profundo malestar pre-revolucionario.

El contexto anterior, delimitado por la Revolución francesa y la toma de posición contra Inglaterra, había propiciado una secuencia bélica que, iniciada en 1.793 enlazó con el levantamiento popular contra la invasión francesa. Sus efectos en el territorio valenciano, en forma de crisis comercial sobre una economía dependiente de la exportación, intensificaron las dificultades del crecimiento económico. La crisis comercial junto con las condiciones climáticas adversas, las alteraciones bruscas de los precios y de las rentas agrícolas y los problemas de acaparamiento y subsistencia, tuvieron un reflejo social en el desarrollo de las revueltas antifrancesas de 1.793 y 1.794, de los motines antiseñoriales de 1.801 y el resurgimiento del endémico bandolerismo rural valenciano.

En el periodo entre 1.793 a 1.808 se cerró una trayectoria de crecimiento en el marco de una reestructuración del feudalismo valenciano. Este crecimiento no benefició a un amplio espectro social que se situó en una posición crítica y subversiva frente al entramado político-institucional del antiguo régimen.

En el territorio valenciano en general y en la ciudad de Valencia en particular, la actividad política fue muy intensa desde mayo de 1.808 hasta la apertura de las Cortes de Cádiz de 1.810. La acción política, libre de los radicalismos extremos, se encaminó hacia dos objetivos: enviar representantes a la Junta Central y desembarazarse de la alianza con autoridades representativas del antiguo régimen. El control de la Junta Suprema del Reino de Valencia y de instituciones claves como Capitanía e Intendencia, y junto con el mantenimiento de un amplio grupo armado capaz de actuar contra los movimientos populares, representó el triunfo de una fracción burguesa.

Desde principios de 1.810, las elecciones a Cortes polarizaron la atención. El protagonismo valenciano se trasladó a Cádiz, especialmente durante el debate de la ley de abolición de los señoríos (1.810). Los intentos de restablecer la normalidad constitucional y la actividad revolucionaria coincidieron con la activación de los movimientos y consorcios absolutistas. Precisamente Valencia fue el escenario elegido para la consumación del golpe absolutista que, con el decreto de 4 de mayo de 1.814 de Fernando VII, pretendía borrar cualquier oportunidad revolucionaria y constitucional.

El primer mandato absolutista de Fernando VII (1.814-1.820) representó una ruptura del incipiente orden constitucional. Sobre el fondo de una crisis generalizada, con caídas bruscas de precios y rentas agrarias, la reactivación de la presión señorial al amparo de la “legalidad” absolutista configuró unos años de gran dramatismo social, expresado en el recrudecimiento del bandolerismo, que provocó una simbiosis intencionada entre represión de la delincuencia y represión política. Bandolerismo y represión, resistencia antiseñorial y conspiraciones liberales y malestar de la misma nobleza no constituyeron un balance positivo de la primera experiencia absolutista. Por otro lado su fracaso en el frente financiero fue estrepitoso, tan solo en el ramo de la Contribución General, las deudas se fueron acumulando y además los préstamos obligatorios de 1.815, 1.816 y 1.818 sobre la burguesía comercial, como fórmula para recaudar fondos para el mantenimiento de las colonias americanas, fueron mal soportados.

El pronunciamiento de Rafael de Riego, en enero de 1.820, configuró una situación propicia a sucesivos alzamientos en diversas regiones y ciudades españolas que inauguraron el denominado Trienio Liberal (1.820-1.823). Éste presentó la novedad de plantear un modelo específico de desarrollo capitalista. Los años entre 1.820 y 1.823 fueron los de la realización de las disposiciones revolucionarias, del intento de la articulación de un mercado interior, de la potenciación del crecimiento agrícola y del diseño de una nueva política de distribución y reorientación de excedentes agrarios mediante la reforma en la hacienda y sobre el diezmo.

La inestabilidad  política y social del Trienio Constitucional y, sobre todo, la acción decidida de las monarquías absolutistas europeas malogró esta segunda experiencia revolucionaria con la entrada de las tropas francesas de los Cien mil hijos de San Luis, y con ellos el retorno al absolutismo de Fernando VII truncó definitivamente la posibilidad de desarrollo de los principios constitucionales y revolucionarios de las Cortes de Cádiz.

La importancia de la nominada Década Ominosa (1.823-1.833) radicó en el posicionamiento del bloque antifeudal hacia soluciones de transición y moderadas que hicieran posible una salida política de la regencia tras la muerte del Rey y una nueva consideración de la monarquía en el engranaje constitucional, como también la reconducción de la experiencia del Trienio hacia medidas definitivas e irreversibles más coincidentes con un nuevo y consolidado consenso social y político. El absolutismo de la Década Ominosa descansó sobre cuatro pivotes: un ejército de ocupación que no abandonó el territorio español hasta 1.828; unos voluntarios monárquicos, contrarréplica de las milicias nacionales, la policía y unas comisiones militares que tenían un carácter represivo. La simbiosis entre el orden público y represión  política volvió a ser la característica de aquella época. Las peculiaridades de una agonía lenta de las estructuras feudales en el campo, y el proceso de disolución gremial (tan típico de la estructura manufacturera valenciana) sin que fuera patente una alternativa industrial, fueron factores que generaron un proceso acumulativo de población excedentaria miserable y en el borde de la delincuencia. Bandoleros, facinerosos, pordioseros, inválidos, pobres artesanos o campesinos emergieron como una manifestación innegable de las contradicciones tensas y dramáticas de esta sociedad convulsa. Y estas contradicciones tenían un microcosmos privilegiado en la ciudad de Valencia, no es casual que, en 1.826, surgiera una de las experiencias en el trato moderno de la marginación, la Casa de la Beneficencia.

La Década Ominosa simbolizó el agotamiento total del antiguo régimen y los problemas acumulados hicieron del periodo, que se abrió tras la muerte de Fernando VII, una sucesión de ensayos revolucionarios que consumaron la desarticulación de las instituciones feudales y establecieron las bases definitivas del sistema representativo burgués. El carácter de la revolución burguesa, definido por un asalto a las instituciones feudales y por la articulación de un marco social y político de acuerdo con los principios del liberalismo, mostraba unos perfiles nítidos y un punto de no retorno al inicio de la década de 1.840. Por ello la época que inauguró la muerte de Fernando VII y el inicio de la regencia de su mujer María Cristina (1.833-1.843) es considerada como la revolución burguesa por antonomasia.

La regencia de María Cristina en nombre de su hija Isabel II coincidió prácticamente con la duración de la Primera Guerra Carlista (1.834-1.840) que, en territorio valenciano se conoció con el nombre de Guerra de Cabrera. El régimen del Estatuto Real (1.834-1.836) realizó la transición desde un reformismo insuficiente hasta un sistema constitucional burgués que sirvió de base para la progresiva definición ideológica y práctica de las dos facciones del liberalismo: moderados y progresistas. Las convulsiones revolucionarias de 1.835 y 1.836 tuvieron la virtud de producir el desarrollo de aspecto claves como la abolición de señoríos, la desamortización, el diseño de un marco constitucional que pudiera consolidar la alianza que debía operar sobre una nueva realidad económica y política y que además era el requisito de una reconciliación duradera entre los liberales y la monarquía isabelina. Así en el verano de 1.835 un profundo movimiento revolucionario burgués con fuerte participación de elementos populares, obligó a la regente a prescindir de los moderados. El proceso de desmantelamiento del antiguo régimen, condición para un consenso consolidado contra el carlismo, realizó así una inflexión irreversible. La regente se vio obligada, por el claro triunfo del sector liberal en algunas zonas, entre ellas Valencia, en las elecciones de julio de 1.836, a jurar la constitución de 1.812, que convirtió en expediente para controlar el proceso que culminó en la constitución de 1.837.

Cuando acabó la guerra civil en 1.839, las tensiones en el seno del bloque hegemónico burgués volvieron a estallar y la regente se decantó por el sector moderado, lo que obligó al sector progresista a personalizar sus aspiraciones en el general Espartero. Tras unos meses de una gran tensión, que puso en peligro la misma constitución y las medidas revolucionarias, un nuevo estallido (en 1.840) representó no sólo el triunfo progresista, sino la salida de María Cristina de España precisamente por el Grao de Valencia. Una confluencia antidinástica de cariz progresista, personificó en el general Espartero la posibilidad de una ampliación del consenso liberal superior al delimitado por la constitución del 1.837. El resultado fueron tres años (1.840-1.843) donde se produjo la escisión definitiva del liberalismo tradicional y la emergencia de sectores republicanos y demócratas.

La regencia de Espartero cerró este denso período y su caída, en una inusitada coalición de moderados y progresistas, constituyó el episodio final de una revolución que ya estaba consumada. La burguesía se dispuso a gobernar y a acumular riqueza con relativa tranquilidad.

El nacimiento de un nuevo estado y la articulación de una nueva realidad económica se presentaron como las dos caras de la misma moneda para la burguesía revolucionaria: un estado liberal por oposición a lo absoluto y una economía capitalista ante el feudalismo.

La revolución burguesa en los territorios valencianos fue parte de un proceso más amplio que configuró un estado burgués centralista y un marco nacional para el desarrollo capitalista. De hecho, la burguesía valenciana, no sólo se mostró especialmente activa en su territorio, sino que desde el primer momento, se imbricó decididamente en un proyecto unitario nacional siendo en muchas ocasiones la espoleta desencadenante tanto de situaciones revolucionarias progresistas o radicales, como de movimientos contrarrevolucionarios o moderados de repercusión general.

Durante el Trienio Constitucional había concluido el primer código de la burguesía española, el código penal de 1.882 cuyo principal mérito fue el abordar esta tarea desde una indudable voluntad uniformadora y racionalista. De hecho, la comisión codificadora acometió simultáneamente la redacción del código civil, un código penal y un código procesal, aunque sólo llegó a buen puerto el código penal.

No se puede olvidar la complejidad del régimen señorial valenciano al abordar el tema de su disolución sin cuestionar su amplitud y su peso en la sociedad agraria valenciana, la imagen de un señoreaje especialmente duro, bajo el cual había enfiteutas (es un derecho real que supone la cesión temporal del dominio útil de un inmueble, a cambio del pago anual de un canon o rédito) empobrecidos, no encajó ni en la estructura de la propiedad, que acabó decantándose y conformándose a lo largo del siglo XIX, ni con el dinamismo del mismo sector agrario. La crisis de la primera mitad del siglo XIX y la resistencia de los vasallos a hacer efectivo ningún tipo de derecho sostuvo el empuje revolucionario. Con la delimitación entre el dominio directo y útil, el enfiteuta no fue la única forma de cesión de la tierra en los territorios valencianos, pero permitió el desarrollo de amplios sectores de campesinos hacendados en condiciones más favorables que sus homólogos sometidos a arrendamiento. Además a través del enfiteuta se fue produciendo una progresiva penetración de intereses burgueses, mercantiles y ciudadanos en la tierra, tanto de patrimonio real como de señorío. En algunas ocasiones, la acumulación del dominio útil en manos de estos sectores permitió la configuración de extensos dominios en que la relación enfiteuta entre el titular del dominio directo y el del útil escondía de hecho formas de cesión y explotación en arrendamiento o trabajo asalariado. Subsidiariamente fue posible la progresiva cristalización de un sentimiento de propiedad sobre el bien que originariamente se había recibido en usufructo. Así la pugna ente el titular del dominio directo y el del útil por la propiedad de la tierra constituyó otro de los factores definitorios del proceso de abolición de señoríos.

La monarquía constitucional y el régimen parlamentario, el dominio político y económico de los propietarios y una economía que, en el marco nacional e internacional se movía dentro de las directrices capitalistas, constituyeron los puntos de referencia definitorios de la segunda mitad del siglo XIX.

El reinado de Isabel II (desde 1.843 hasta 1.868), con la nueva constitución de 1.845, representó un intento de acoplamiento entre las necesidades del nuevo estado y los antiguos fueros y libertades. La intervención de la reina y de la camarilla real tanto en el ámbito estricto de los negocios como en el de la política, sobrepasó en más de una ocasión la categoría de anécdota convirtiéndose en una amenaza para la misma legitimidad del bloque dominante. La ley electoral de 1.846 aseguró tanto el proceso electoral por parte de los gobernantes de turno como la llegada al parlamento español de la casta de propietarios, burgueses, comerciantes y financieros, es decir, el grupo dominante. Eran los nombres representativos del poder económico los que ocuparon los escaños del senado y diputados. La realidad administrativa provincial y local, diputaciones y ayuntamientos, cerró la red de unas plataformas de poder convertidas en auténticas palancas de impulso y ampliación de negocios.

El elemento carlista continuó presente en el territorio valenciano como una canalización del malestar popular ante la crisis de subsistencia o los envites de penetración del capitalismo en el campo a través de las desamortizaciones. Su presencia fue notable en 1.848, 1.855, 1.856 y 1.860, con una morfología muy próxima al bandolerismo social confundiéndose a veces la guerrilla estrictamente carlista con la de cariz republicano.

El modelo de moderantismo autoritario concretado en la constitución de 1.845 solo pudo funcionar con relativa tranquilidad durante la Década Moderada (1.843 a 1.853) que fueron años de cierto auge económico y de la consumación de la estructura política y administrativa de un estado centralista y represor.

La crisis de 1.854 fue producto tanto del malestar social y popular, como de la insatisfacción de amplios sectores burgueses, incluidos el sector moderado, ante el giro ultraconservador del sistema a partir de 1.851 y que encontró una vía de expresión en las críticas a los escándalos financieros y a las concesiones ferroviarias del gobierno y la camarilla real.

Las dificultades económicas del gobierno, con la suspensión de obras públicas y el decreto, en mayo de 1.854, de un préstamo nacional obligatorio, acabo exasperando una tensa situación social, a partir de julio se iniciaron revueltas armadas en diversas ciudades españolas. En los territorios valencianos las escaramuzas, enfrentamientos y efervescencia política enlazaron con el levantamiento en Valencia, el 16 de julio, que estableció una Junta de Gobierno seguida de una proclamación de otras juntas locales o provinciales en Alicante y Castellón. En medio de esta profunda crisis (epidemia de cólera, crisis de la seda, motines de labradores en la huerta, revuelta de tejedores alcoyanos) el bienio Progresista significó políticamente, para el territorio valenciano, un predominio claro de la burguesía progresista y de los demócratas, estos últimos desde ayuntamientos y controlando la milicia nacional.

A medida que las cortes del bienio progresista desplegaron una amplia labor legislativa (Ley General de Ferrocarriles de 1.855, Ley General de Desamortización española del mismo año, de Bancos y Minas y que desde las diputaciones y ayuntamientos se impulsaron y arbitraron las medidas necesarias para la realización amplios proyectos de infraestructuras, como la iluminación de gas, caminos, puerto del Grao, canal de la Albufera) se hizo evidente el agotamiento del impulso revolucionario. Con pocos y selectivos núcleos de industrialización, pero con una amplia red de sociedades gremiales y manufactureras sometidos a una profunda crisis, estas formas organizativas de obreros y artesanos tuvieron gran importancia y sobre ellas reposó la doctrina del republicanismo valenciano.

El decenio de 1.856 a 1.866, especialmente los años de la Unión Liberal de O’Donell contemplaron un gran auge de los negocios e impulso capitalista. De 1.863 a 1.864 las dificultades comenzaron a aflorar nuevamente. La profunda crisis de 1.868 puso fin a la experiencia moderada a la monarquía de Isabel II. En primer lugar, una crítica coyuntura económica que no solamente tuvo manifestaciones en las empresas ferroviarias y en la crisis bancaria de 1.866, sino también las calamidades climatológicas  y desastres como las inundaciones de 1.864, malas cosechas, hundimiento definitivo de la manufactura de la seda y la epidemia de cólera de 1.865.

En una morfología típica del capitalismo hubo una reorientación de los capitales valencianos hacía otros sectores, entre ellos la agricultura a los que se sumaron los efectos producidos por auténticas crisis de subsistencias con unos corolarios (razonamiento, juicio o hecho que es consecuencia lógica de lo demostrado o sucedido anteriormente) de mendicidad e indigencia. El agravamiento y aumento de las masas de parados y mendigos en el interior de la ciudad evidenciaron el deterioro de la situación social.

El trono de Isabel II sucumbió en medio de una crisis política cuya resolución no sólo contempló un recambio dinástico o de personas en el trono, sino que apuntó hacía formas democráticas y republicanas.

La crisis que se propició en 1.868 y que inauguró el llamado sexenio revolucionario (1.868-1.874) resultó ser políticamente la conjugación de dos tácticas que pronto tuvieron que separarse de sus objetivos: una táctica insurreccional clásica, instrumentalizada por los progresistas, los unionistas y por los demócratas, y una profunda labor de agitación y movilización popular, obra de los demócratas republicanos. La confluencia de ambas vías llevaron al éxito de la revolución conocida como “La Gloriosa”, las juntas revolucionarias surgieron y proliferaron  como forma institucional de revolución y como plasmación de la contradictoria confluencia de intereses. Entre los últimos meses de 1.868 y la llegada a España del nuevo rey Amadeo I, en enero de 1.871, se perfilaron y concretaron todas las tensiones que pulverizaron la efímera hermandad de La Gloriosa. La coalición gubernamental, claramente monárquica, se centró en la tarea de institucionalización, normalización y delimitación de un marco jurídico, de acuerdo con la nueva situación política y económica. La disolución de las juntas, a partir de octubre de 1.868, fue el primer paso, prosiguió el establecimiento del sufragio universal masculino (El sufragio masculino fue un estado en la evolución de la democracia que se situó, entre el sufragio censitario, que era el que tenía en cuenta determinados aspectos (renta, estado civil, nivel de instrucción o pertenencia a una clase social), y el sufragio universal (Sistema electoral en el que tienen derecho a votar todas las personas mayores de edad, sea cual sea su sexo o condición). Con el sufragio masculino podía votar la totalidad de los hombres que cumpliesen con los requisitos legales. Hay que señalar que en la mayoría de los países se pasó directamente al sufragio universal, sin esta situación previa), elecciones municipales y a cortes constituyentes, ley electoral, ley de orden público, ley del poder judicial y nuevo código penal en 1.870.

A lo largo de las constituyentes de 1.869 a 1.871, los alfonsinos y su líder Canovas del Castillo, acabaron reconduciendo la experiencia democrática de 1.868 hacía un modelo de liberalismo doctriniano y conservador que estuvo mucho vigente hasta la proclamación de la II República en 1.874. Se inició la III Guerra Carlista (1.872-1.876) y el 11 de febrero de 1.873, Amadeo I renunció a la corona española, entonces el Senado y el Congreso reunidos proclamaron como forma de gobierno la República. El régimen republicano (1.873-1.874) representó la inflexión en cuanto a la forma de estado y organización, pero también una continuación de los ideales reformistas y democráticos latentes en 1.868. La República no nación de combates, pero tampoco su origen se debió a una ley. Esta paradoja definió su origen y corta trayectoria.

En enero de 1.874 la República finalizó cerrando una época histórica, e inaugurando la época de la Restauración borbónica (en 1.870 Isabel II había abdicado en su hijo Alfonso XII) alternativa monárquica y conservadora. Los alfonsinos entraron en contacto con la poderosa burguesía con intereses coloniales. Amenazada por la guerra civil carlista y con el temor de la pérdida de las colonias y con el recuerdo reciente de una República, que había representado su aislamiento político, prácticamente toda la burguesía liberal y conservadora acogió la nueva experiencia. El caciquismo constituyó la esencia del sistema político de la Restauración, perfectamente articulada en escala de distrito electoral y provincial y con grandes patrones en lugares claves y privilegiados de Madrid.

A partir de 1.896, el republicanismo valenciano, particularmente la corriente federal sirvió de escenario del singular fenómeno de la emergencia del blasquismo (movimiento político republicano y populista surgido en la ciudad de Valencia en la última década del siglo XIX por obra del escritor y activista político Vicente Blasco Ibáñez, de cuyo nombre proviene el del movimiento). Este supo remover en el período de 1.893-1.894 y 1.898 el camino que iba de la idea revolucionaria a la del parlamentarismo. El republicanismo (blasquismo en Valencia) comenzó a ser una poderosa fuerza a finales del siglo XIX.

Parece evidente que una de las particularidades en el sistema de la Restauración provino precisamente de la fuerza del republicanismo.  El bipartidismo oficial en torno a los conservadores y liberales continuó siendo, a lo largo de la restauración, una realidad mayoritaria aunque la red caciquesca funcionaba sobre todo en los distritos rurales, la burguesía valenciana no sólo tuvo activa participación en el movimiento restauracionista, sino que consiguió la extraña habilidad de conjugar un neto sucursalismo centralista y una adicción plena al sistema canovista (Cánovas del Castillo) con la defensa de sus intereses comarcales y provinciales.

Importantes efectos produjeron las desamortizaciones (la de Godoy en 1.798-1.799, la del Trienio en 1.808-1.813, la de Mendizábal en 1.836-1.837, la de Espartero en 1.841 y la de Mandoz en 1.855 o Ley General de Desamortización) pues constituyeron un profundo proceso de cambio de propiedad que, bajo modalidades distintas según a quien afectaba (instituciones religiosas, regulares o seculares, bienes públicos, comunales y propios, beneficencia, etc.) atravesó prácticamente todo el siglo XIX con hechos importantes. El proceso de desamortizaciones parece confirmar con sus resultados una doble tendencia de una estructura de la propiedad, que junto con la formación de grandes y medianas propiedades, fue configurando y extendiendo en algunos casos el espectro de una pequeña propiedad destinada a tener un peso decisivo en el capitalismo agrario valenciano.

A pesar de que en los territorios valencianos la línea que llevó la pequeña propiedad campesina que entroncó con un particular proceso de crisis del feudalismo, todo apunta al hecho de que los primeros movimientos del Trienio y la desamortización de Mendizábal se saldaron básicamente  a favor de una oligarquía rural y urbana, coincidiendo con un tipo de oferta (bienes del clero regular, generalmente grandes dominios señoriales) y de un momento histórico definido por el extraordinario empuje de la burguesía  con capitales en busca de rentabilidad. Incluso la desamortización de Godoy fue aprovechada por una poderosa burguesía comercial y a su lado destacó el sector de los labradores y si de la tierra pasamos a las fincas urbanas, el espectro sociológico quedó dominado por los mismos comerciantes y artesanos.

En definitiva la abolición de los señoríos, la desamortización y la desvinculación significaron en el territorio valenciano la progresiva articulación de una progresiva articulación de una estructura de la propiedad agraria que combinó los grandes y medianos patrimonios con la presencia de la pequeña y mediana propiedad campesina. En un marco plenamente capitalista y con una agricultura mayoritaria mente abocada al mercado en constante proceso de renovación, selección y especialización de cultivos, el protagonismo social y económico estuvo a cargo de unas poderosas oligarquías de origen rural o urbano y del pequeño campesino.

El proceso de privatización-expropiación que había recorrido la primera mitad del siglo y los mismos efectos de una crisis agraria que golpeó al pequeño campesinado crearon las condiciones de un peculiar mercado de trabajo y de disponibilidad de mano de obra. Los jornaleros eran empleados de trabajos estacionales concretos. Por el contrario la forma de explotación que acabó imponiéndose fue la del arrendamiento, bien a corto plazo renovable o bien por medio de diversas modalidades consuetudinarias (El derecho consuetudinario es el basado en la tradición o costumbres, típicamente propio de las sociedades premodernas, de una persona o sociedad determinada) más favorables a los campesinos arrendatarios , porque estos grandes patrimonios tenían un carácter disperso lo que dificultaba una gestión directa por parte del titular propietario, un titular que se dedicaba también a las actividades comerciales o financieras. Una oligarquía absentista y arrendadora que estuvo lejos de ejercer un papel pasivo en la evolución de la agricultura valenciana. A ella se le puede atribuir una parte del dinamismo que vivió este sector en la década de los 1.840-1.850. Su imbricación en la comercialización de la comercialización de los excedentes agrarios, que ella misma propició en sus propiedades, fue un factor más de su interés por la tierra. Las características de una agricultura que se distinguía por una estructura de pequeña y mediana y por una utilización intensiva del trabajo humano y que había relativizado la importancia de la inversión de maquinaria, especialmente en el sector del regadío, que requería fuertes inversiones en canalización, explotación de nuevas formas de riego, creación de infraestructuras viarias adecuadas, adaptación y renovación de cultivos o utilización y mejoramiento de abonos. A estos requerimientos respondió esta burguesía agraria que estaba alejada del gran propietario latifundista y de una tierra que, si siempre interesaba con un bien refugio para la inversión y era un elemento imprescindible de prestigio social, no dejaba por ello de ser un negocio saneado.

En cuanto a la pequeña propiedad campesina como elemento definidor de la realidad agraria, comenzó a dibujarse básicamente con la irrupción del pensamiento colectivista y regenerador del final del siglo XIX. La penetración, primero, y expansión, después, del capitalismo en el campo valenciano acabó generalizándose en lo que se ha llamado vía campesina. Esta tendencia se aceleró extraordinariamente a partir de las décadas del final de siglo XIX y principios del XX.

En los últimos años se produjo la definitiva inflexión de tendencia en la concentración para dar paso a una tendencia cada vez mayor de la pequeña propiedad campesina. El fenómeno comenzó a ser claramente visible en el decenio 1.880-1.890 período en el que aún convivieron (hasta 1.908) con el de la formación de nuevos y grandes patrimonios. Además, el capitalismo agrario revistió otras características específicas que le dieron un dinamismo especial: la progresiva especialización de los cultivos y una perfecta adaptación a los requerimientos de la demanda interior y exterior.

La especialización de cultivos y la consolidación de una agricultura básicamente comercial se vieron acompañadas de un aumento de la superficie de regadío. El esfuerzo correspondió a la búsqueda y aprovechamiento de nuevas formas de regadío, sobre todo la captación de aguas subterráneas. El uso de norias de tracción animal para la extracción del agua de los pozos era frecuente en algunas zonas y se extendió al resto de regadío. Lo que fue innovador fue la aplicación del vapor a las bombas y norias destinadas a la extracción de agua de los pozos. Desde la primera máquina instalada en 1.846 el sistema se difundió de la mano de la iniciativa privada volcada en la adecuación y formación de nuevos huertos de naranjos. En su entorno la demanda incentivó el surgimiento de industrias o empresas metalúrgicas que encontraron un mercado privilegiado para la colocación de sus artefactos mecánicos.

Otro capítulo de la modernización se debió a la utilización de abonos para el mejoramiento y mayor rentabilidad de la tierra. Al sistema de abono tradicional se superpuso, desde 1.840 al final del siglo, la utilización de fertilizantes químicos. Todo ello provocó que en la segunda mitad del siglo territorios valencianos absorbieron entre el 70 y el 80% del total de las importaciones españolas de abono. La gran demanda favoreció el desarrollo de compañías comerciales.

La economía valenciana, básicamente agraria y comercial, ya desde el siglo XVIII, durante la primera mitad del siglo XIX asistió a la desaparición de industrias tradicionales (la lana, la seda, etc.) y de forma generalizada el aumento de la dispersión de las manufacturas y encontró nuevos impulsos a partir de 1.840 con los ferrocarriles, la banca, obras públicas y habilitación  y reestructuración de ciudades. De hecho a estos sectores se dirigió una gran cantidad de capital. A mediados de siglo, el capitalismo valenciano presentaba una fisonomía diversificada, la crisis del sector manufacturero la desplazaron hacía los sectores agrícola, comercial y financiero.

Desde la década moderada y sobre todo después del proceso liberalizador de 1.855-1.856 hasta la crisis de 1.860 fue, no sólo de un extraordinario impulso agrícola, sino también el surgimiento de una potente burguesía financiera, artificie de una serie de proyectos bancarios, participe del gran negocio ferroviario y beneficiaria del programa desplegado durante estos años de grandes obras públicas y de infraestructuras urbanas. Las líneas del ferrocarril articularon a través de su recorrido las principales zonas arroceras y una incipiente producción naranjera con el puerto de Valencia. La Ley de Ferrocarriles de 1.855 y la Ley Bancaria de 1.856 representaron un empuje trascendental para estas actividades.

La ciudad de Valencia y sus alrededores fueron un ejemplo de las características que acompañaron el proceso de industrialización valenciano. Algunos sectores artesanos (por ejemplo: la madera) se imbricaron progresivamente en el impulso y la demanda generada por la agricultura expansiva. Los embalajes, relacionados con el sector exportador de la fruta, fueron la causa de la gran especialización de la maderera valenciana, lo que posibilitó el desarrollo de otros sectores como los del  mueble o el de los juguetes. También el impulso agrario se encontró detrás de la emergencia de sectores nuevos como el de la química o el de las construcciones mecánicas. Industrias relacionadas con los abonos inorgánicos, la pólvora o la especialización mecánico-agraria.

La relativa continuidad entre la infraestructura  artesanal y manufacturera precia y el lento proceso de modernización a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX condicionó una tercera característica de la estructura productiva valenciana: el denominado minifundismo industrial.  En unos casos se trató de la especialización y modernización de primitivos talleres, en otros, de la creación de nuevas fábricas, por ello potenció la permanencia de la estructura gremial.

A finales de siglo la sociedad y la economía valenciana acusaron los desequilibrios y las contradicciones consecuentes de su peculiar vía capitalista, tanto agraria como industrial. Si por una parte se abría paso la expansión de la propiedad campesina, por otra parte, el auge de una agricultura comercial se basó en gran medida en una propiedad mediana-alta en poder de la burguesía  que recurría ampliamente al arrendamiento y al trabajo asalariado para la explotación agrícola. Pequeños campesinos, arrendatarios y jornaleros formaban un espectro social de desigual fortuna, pero muy sometidos a las coyunturas agrícolas, subordinando al capital comercial y financiero y protagonista activo de una conflictividad que caracterizó los últimos años del siglo.

En 1.878 y 1.879, las agitaciones de los campesinos de la huerta valenciana, protagonizadas básicamente por los arrendatarios, en contra de las pretensiones de la nueva burguesía propietaria de actualizar las rentas de las tierras, dejaron al descubierto la contradictoria trama de relaciones sociales vigentes en determinadas zonas del campo valenciano. La situación en los sectores industriales y urbanos denotó una doble realidad del proceso de industrialización valenciano: por un lado, la lenta y sinuosa configuración del proletariado y, en consecuencia del movimiento obrero y, por otro, la permanencia de amplio y variado sector de artesanos, pequeños comerciantes y trabajadores de oficio.

Próximo artículo:

Manicomio de Valencia. ¿Cómo era la población de España y de Valencia?

 

Fuentes consultadas:

  • Archivos autores

  • Archivo del Reino de Valencia

  • Archivo Histórico Municipal

  • Biblioteca valenciana

  • Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

  • Archivo de la Diputación provincial de Valencia

  • Hemeroteca valenciana

  • Wikipedia

Bibliografía

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  • Conxa Ciscar Vilata. El manicomio de Valencia del siglo XV al XX. La sección de locos del Hospital General de Valencia en el siglo XVIII.

  • Ángeles García Rodríguez. Del Asilo de Dementes al Manicomio de Valencia en el siglo XIX.